Por último, algunos conflictos involucraron a comunidades internas al área de influencia del proyecto y que se encontraban movilizadas. Ha publicado artículos en Armed Forces and Society, Comparative Politics, Latin American Politics and Society, Latin American Research Review, Studies in Comparative International Development, Terrorism and Political Violence, World Development. Distinto al conflicto por Santa Ana, las comunidades que se movilizaron en el caso del Lote 56 de gas natural de Camisea eran actores internos—o sea, grupos que habían sido incluidos en la etapa participativa del EIA. PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA. Impugnación a la exclusión de la audiencia del EIA: Santa Ana. La movilización en contra de la exclusión del proceso participativo ambiental de Santa Ana tuvo lugar en un contexto de divisiones entre las comunidades del área de influencia directa, por un lado, y las del área de influencia indirecta, por el otro. 2017. “The Social Construction of a Public Problem: The Role of the Ombudsman in Building Institutions for Extractive Conflict. Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America. 2009: 54–55; Gustafsson 2018: 91–92). Artículo 7. 9Para este empleo de las instituciones participativas, véase Jaskoski (2014: 876–77) sobre el caso peruano Conga, en que la institución relevante fue la audiencia de EIA, y Jaskoski (2020: 547–48) sobre un conflicto colombiano—en la mina Mandé Norte—en que las comunidades se movilizaron en torno a la consulta previa. El proyecto de la mina de cobre a tajo abierto Río Blanco se ubica en la región de Piura al norte de Perú. Based on analysis of thirteen important hydrocarbon and mining conflicts in Peru, it observes that in some cases communities acted within the provided participatory space, whereas in other cases they organized “around” or “in reaction” to it, using the institutional procedures as focal points for escalating conflict. También es conocido como petróleo crudo o simplemente crudo. Se enfocaron en el derecho al uso de la tierra en el sitio de la exploración: denunciaron que la empresa minera carecía de la autorización legítima para utilizar la tierra comunal. [ Links ], Barandiarán, Javiera, y Sebastián Rubiano-Galvis. Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Después de la gran movilización de 2007, las negociaciones entre los activistas y el MINEM resultaron en la reconstitución de la gerencia del fideicomiso, que estaría conformada por alcaldes y representantes de Xstrata. Además, se opusieron abiertamente a la exploración durante los talleres del EIA realizados en Segunda y Cajas en agosto de 2003 y en Yanta en enero de 2004 (De Echave et al. Esta explicación de por qué en algunos casos la audiencia pública dirija el conflicto, mientras que en otros casos lo exacerba, contribuye a la literatura sobre la participación ciudadana y el conflicto en las industrias extractivas. Lima: Universidad del Pacífico. Además, en América Latina y el Caribe se encuentran quince de los veintidós gobiernos que han ratificado la Convención de Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 169). Allí se encontraron con la policía nacional y con fuerzas de seguridad privadas. Las comunidades mantuvieron su postura respecto de los permisos de uso de la tierra durante las grandes olas de protesta en contra de la mina, que tuvieron lugar en 2004 y 2005. Enfrentados a instituciones diseñadas para desempeñar una función puramente informativa, los activistas en algunos casos han intentado impedir audiencias o consultas previas8 o han declarado ilegítimos a los procesos participativos ya concluidos.9 Las comunidades también se han movilizado para exigir que el estado siga procedimientos formales de participación (Leifsen et al. Sin embargo, antes de la reunión, los Machiguenga se vieron afectados por la rotura de una tubería de gas y por la inacción estatal ante el problema. Para ello, desarrolla un análisis inductivo de trece conflictos, de los cuales cuatro son tratados en detalle. Documento de trabajo ICSO No. Estas comunidades se sintieron agraviadas y organizaron su propia asamblea para discutir el EIA (Inforegión 2011; Estrada 2013; CAAAP y CooperAcción 2015: 56–57). [ Links ], Arellano Yanguas, Javier. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial. [ Links ], Ruiz Molleda, Juan Carlos. Las comunidades que no fueron incluidas en el EIA, pero que sí se percibirían como seriamente impactadas por el proyecto analizado, cuestionaron su exclusión. 2008. “El caso del Proyecto Camisea: Logros y limitaciones de una coalición ciudadana naciente.” En Defendiendo derechos y promoviendo cambios: El estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú, editado por Martin Scurrah. 5 Los Materiales Tecnológicos más utilizados, Tratamientos, Propiedades, Usos, Actividades, etc. En el Aymarazo, más de 4.000 personas bloquearon las principales carreteras que conectan las regiones de Puno y Tacna, y Perú y Bolivia. Además, el reglamento introdujo talleres locales preliminares para informarle al público del proyecto en cuestión mientras se elaboraba el borrador del EIA. [ Links ], Jaskoski, Maiah. Las catorce comunidades que participaron en la huelga fueron clasificadas como mínimamente impactadas por la mina y por lo tanto recibían poco apoyo (Gustafsson 2018: 180–82). Al final, la audiencia avanzó debido a la presión empresarial sobre las organizaciones. Lima: Defensoría del Pueblo. En respuesta a sus reclamos, la audiencia fue reprogramada para enero de 2005 (Earle y Pratt 2009: 57–58). La explicación se centra en tres factores claves. Unearthing Conflict: Corporate Mining, Activism, and Expertise in Peru. [ Links ], Schilling-Vacaflor, Almut. La alarma de los Machiguenga por el incidente fue tan intensa que, en enero de 2005, COMARU y CECONAMA presentaron una carta conjunta al MINEM. Ahí donde hubo competencia, participaron grupos de todos los sectores involucrados para asegurar ser escuchados. 156 (marzo). En base al análisis de trece conflictos importantes sobre hidrocarburos y minería en Perú, se observa que en algunos casos las comunidades actuaron dentro del espacio participativo provisto, mientras que en otros casos se organizaron “en torno” o “en reacción” al mismo, utilizando los procedimientos institucionales como puntos focales para la escalada del conflicto. No. Por ello, las comunidades decidieron retrasar la audiencia (Ross 2008: 261). [ Links ], Rodríguez-Garavito, César. [ Links ], CooperAcción. De manera más general, las comunidades percibían que la distribución de fondos por la provincia no era adecuada (CooperAcción 2015: 14–15; Gustafsson 2018: 143, 146–151).15. Las fuentes incluyeron entrevistas con expertos realizadas por la autora,13 artículos de periódicos, documentos gubernamentales y fuentes secundarias. 2009. En respuesta a la violencia, el gobierno central lanzó una instancia de diálogo en 2006. “Las Bambas: Las dos caras del conflicto por el proyecto minero.” Perú 21. Recuperado el 11 de mayo de 2017 de http://peru21.pe/politica/proyecto-minero-bambas-dos-caras-conflicto-fotos-2232126. [ Links ], Defensoría del Pueblo Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. 20 de Diciembre de 2020; Aprobado: Después de la consulta popular, el proyecto fue transferido a otra empresa. 2014. El estudio de los usos estratégicos de la audiencia del EIA por parte de las comunidades afectadas tiene implicancias para el modo en que pensamos las instituciones participativas y el conflicto extractivo en general. En el contexto de esta marcha, la policía mató a un miembro de la comunidad con una granada de gas lacrimógeno. [ Links ], Leifsen, Esben, Luis Sánchez-Vázquez, y Maleny Gabriela Reyes. Solo las comunidades que están en el área de influencia—y a veces en el área de influencia directa—pueden participar en las audiencias (en la figura 1, los “actores internos,” a diferencia de los “actores externos”). 2014, 7 de enero. Y las comunidades impactadas por la mina Río Blanco denunciaron la exploración como ilegal con el argumento de que al dueño del proyecto le faltaban los permisos necesarios para usar sus tierras (véase abajo). La rotura de la tubería en diciembre de 2004 produjo un importante derrame de gas. El estado debe informar a las comunidades locales sobre el proyecto en cuestión, a menudo en audiencias públicas. La industria petrolera incluye procesos globales de exploración, extracción, refino, transporte (frecuentemente a través de buques petroleros y oleoductos) y mercadotecnia de productos del petróleo.Los productos de mayor volumen en la industria son combustibles y gasolina.El petróleo es la materia prima de muchos productos químicos incluyendo productos farmacéuticos, … Las limitaciones que encuentran las comunidades para debatir e influir sobre el desarrollo de proyectos en el EIA chileno ha llevado a los actores involucrados en conflictos ambientales a usar otros mecanismos, por fuera de las instancias participativas existentes, para resolverlos (Delamaza 2010: 24– 25). Mientras que se producía una dramática expansión de las actividades extractivas, Fujimori dejó la presidencia, marcando el inicio de la redemocratización en Perú. 2016. “Unfulfilled Promises of the Consultation Approach: The Limits to Effective Indigenous Participation in Bolivia’s and Peru’s Extractive Industries.” Third World Quarterly 37(1): 172-188. En el momento en que se revisaba el proyecto del Lote 56, la explotación del otro campo de Camisea, el Lote 88, ya había transformado la realidad social y económica local, tal que ahora los Machiguenga dependían de la industria del gas (Earle y Pratt 2009: 18; Bruijn y Whiteman 2010). Definición y formulaciones. 2014. [ Links ], Defensoría del Pueblo Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. [2] Por consiguiente, las fluctuaciones durante periodos más cortos que unas cuantas décadas, como por ejemplo El Niño, no … New York: Palgrave Macmillan, 97-115. Violencia en los conflictos sociales. La creosota como preservante de maderas Obtención de la creosota. [ Links ], Delamaza, Gonzalo, Antoine Maillet, y Christian Martínez Neira. Lessons from Peru.” Journal of Latin American Studies 47(4): 811-839. Un evento visible de esta ola de protesta fue el secuestro de empleados de la empresa por parte de miembros de rondas campesinas, organizaciones comunitarias de autodefensa que también proveían un tipo de estado de derecho (De Echave et al. [ Links ], Arce, Moisés. [36] 2016. “Proyecto minero Tía María: Razones de la protesta.” Investigaciones sociales 20(36): 199-213. II. [ Links ], Cavero, Omar. [ Links ], Recibido: 2015. “Conflict Transformation through Prior Consultation?  This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Estas industrias crecieron drásticamen-te entre 1990 y 2010, acompañando el incremento de los precios de las materias primas y la adopción de políticas económicas liberales que alentaron la inversión privada. Informe Defensorial No. Ha representado una amenaza para las economías agrícolas de Piura y para el sitio del proyecto, en las comunidades de Yanta y de Segunda y Cajas (A. Bebbington et al. Oxford: International NGO Training and Research Centre. 2020. “Participatory Institutions as a Focal Point for Mobilizing: Prior Consultation and Indigenous Conflict in Colombia’s Extractive Industries.” Comparative Politics 52, no. Minería y comunidades: Impactos, conflictos y participación ciudadana. [ Links ], Ponce, Aldo F., y Cynthia McClintock. Las comunidades movilizadas en este caso se ubicaban fuera del área de influencia del proyecto y, por lo tanto, del proceso participativo del EIA. Este patrón de conducta—la protesta y el colapso de diálogo—se vio nuevamente a partir de 2005, cuando 3.000 personas marcharon hacia el campamento minero. 8Para el análisis del uso de la audiencia pública en el EIA, véase Walter y Martinez-Alier (2010: 298), que estudian un proyecto de mina de oro a tajo abierto en Mendoza, Argentina; y Li (2015: capítulo 5) y Jaskoski (2014: 875–76), que analizan conflictos mineros peruanos. En línea con varios estudios y compilaciones de investigaciones, este trabajo analiza conflictos mineros e hidrocarburíferos (véase por ejemplo Scurrah 2008; Bebbington y Bury 2013; Arce 2014; Thorp et al. La que más se utiliza es la energía térmica obtenida de los combustibles de naturaleza orgánica. Dos comunidades—y, eventualmente, un movimiento regional—insistieron en que la mera presencia de la empresa era ilegal debido a que ésta carecía de permisos de uso de la tierra. Hidrocarburos; Inclusión Económica y Social; Industrias y Productividad; Gobierno; ... Prórroga para ingreso de estudio de impacto ambiental expost. En última instancia, el artículo demuestra la relevancia inesperada de una institución que formalmente es un vehículo limitado para la participación. Después de cada episodio de protesta, los esfuerzos oficiales de diálogo fracasaron debido a que las comunidades sostenían que la presencia minera era ilegal. Los actores internos unidos bloquean la audiencia: Camisea, Lote 56. La Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) estaba a cargo de liderar las audiencias públicas y quienes lideraban el proyecto dirigían los talleres.11, IV. The study explains variation in community uses of the hearing using three variables: the stage of planned extraction at the time that conflict broke out; whether the project design placed mobilized actors inside or outside of the project’s area of direct impact; and the degree of unity among the “insiders.”, Keywords: environmental impact assessment; participatory institutions; Peru; resource conflict. 2017; Pellegrini y Arsel 2018). Un segundo factor importante consiste en si, para los propósitos del proceso participativo del EIA, el diseño del proyecto coloca a los actores movilizados dentro o fuera del área de influencia o de influencia directa del proyecto. 2007: 13–14; A. Bebbington 2012: 72–73; Gustafsson 2018: 74). Posteriormente, las comunidades ubicadas fuera del área de influencia directa expresaron su malestar por haber sido excluidas del proceso (Hualpa 2011; Pinto Herrera 2013: 213; Uceda 2014). Este último empleo de la audiencia se observa en Las Bambas. Sólo las comunidades ubicadas en el área de influencia directa de la mina fueron incluidas en los talleres y la audiencia del EIA. Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre … En el caso Conga, las comunidades argumentaron que el área de influencia era más grande que la definida por el EIA, y que habrían sido incluidas en la audiencia pública si se hubieran reconocido los límites apropiados. [ Links ], O’Faircheallaigh, Ciaran. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, y Consorcio de Investigación Económica y Social. 2014. Con respecto a la participación en el EIA en el caso Las Bambas, cada una de las comunidades impactadas expresó sus demandas materiales durante el desarrollo del EIA, en el seno de las reuniones formales. LEY 2010 DE 2019 (diciembre 27) Diario Oficial No. London: Routledge, 67-88. 13La autora entrevistó a representantes de ONGs, funcionarios del gobierno, activistas, académicos, consultores, mediadores de conflicto, representantes de compañías mineras, y periodistas. En las tres movilizaciones, comunidades de Cotabambas se encaminaron a conseguir el control de un fondo social de $64 millones que el gobierno había creado cuando se transfirió el proyecto a Xstrata. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Oxfam América. RCS No. En Resource Booms and Institutional Pathways: The Case of the Extractive Industry in Peru, editado por Eduardo Dargent, José Carlos Orihuela, Maritza Paredes, y María Eugenia Ulfe. Los cuatro estudios de caso presentados a continuación utilizan este marco analítico que identifica las vías hacia diversos usos de la audiencia del EIA. 2011. Hubo entonces una mayor libertad para movilizarse. El conflicto sobre el Gasoducto del Sur es un caso interesante y atípico. [ Links ], Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y CooperAcción. Las divisiones se relacionaron con la cantidad de apoyo social que las comunidades recibían por la mina, que era marcadamente dispar. “Santa Ana: la decisión del mes.” La República. Si bien estas comunidades se percibían como fuertemente impactadas, no fueron incluidas en la etapa participativa del EIA. 157–marzo 2017. Este derecho a la “consulta previa” está regulado a nivel nacional en varios países latinoamericanos. [ Links ], Quiñones, Patricia. 21 (diciembre). London: Earthscan, 307-327. En octubre de 2008, una protesta culminó con la toma del campamento minero y la destrucción de las oficinas de la empresa. Recuperado el 25 de junio de 2020 de https://andina.pe/agencia/noticia-consorcio-camisea-ini-cio-produccion-hidrocarburos-lote-56-inversion-872-millones-ampliacion-198553.aspx. Del mismo modo, la investigación no intenta explicar por qué algunos conflictos ocurrieron antes de la etapa de la audiencia pública, y otros ocurrieron durante esa etapa. 2013. “Conflicto minero en Santa Ana (Puno).” Investigaciones sociales 17(31): 207-220. Después de la transferencia del proyecto del estado a Xstrata AG Suiza en 2004, el nuevo dueño también orientó sus inversiones hacia Fuerabamba (Gustafsson 2018: 144–46, 149, 167–168). Reporte segundo semestre (diciembre). La organización en oposición a Río Blanco comenzó cuando las comunidades de Yanta y de Segunda y Cajas se enteraron de que el dueño de la mina, Minera Majaz S.A.—subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals—planeaba realizar exploraciones en sus tierras. b) Las condiciones preventivas y de control necesarias en materia de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas de acuerdo con el Real Decreto 840/2015, de 21 de … 2014. “Case Study: Chile.” Americas Quarterly 8(2): 62-67. 11. 2014. “Case Study: Guatemala.” Americas Quarterly 8(2): 70-75. 15 de Septiembre de 2021. Austin: University of Texas Press, 91-118. [ Links ], CooperAcción. La movilización puede ocurrir antes de que se programe la audiencia pública del EIA. 2016. “Caso: Santa Ana–Huacullani.” Ayuda memoria. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 49 (marzo). Lima: Defensoría del Perú. [ Links ], Gustafsson, Maria-Therese. El director de la Reserva Nacional de Tariquía agrega que como institución a cargo de la conservación de esta área protegida tiene que velar por el cumplimiento de las normas medioambientales. La movilización se extendía por Puno. 6Véase Falleti y Riofrancos (2018) sobre los casos boliviano y ecuatoriano. Este esfuerzo fracasó, ya que el FDSFNP se mantuvo firme en que la empresa carecía de derechos de uso de la tierra, mientras que el MI-NEM se centró en discutir los detalles del desarrollo del proyecto (Gustafsson 2018: 120–21). 2014). Aquellos movilizados por fuera de la estructura participativa se quejaron de que los cuarentaiocho talleres del EIA fueron realizados (en 2009) en el área de influencia directa. CONFLICTO EXTRACTIVO Y PARTICIPACIÓN EN LOS EIA EN PERÚ. El cuarto y último conflicto fue por la enorme mina Las Bambas en la provincia de Cotabambas, en la región sur de Apurímac. 001-2006/ASPMA-MA. PARTICIPACIÓN Y CONFLICTO EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, Uno de los principales enfoques en la literatura sobre el conflicto social en la extracción se centra en cómo las comunidades ejercen presión en los espacios participativos formales previstos por la consulta previa y las audiencias públicas del EIA. Este artículo analiza el papel de las audiencias públicas del EIA en los conflictos en torno a nuevos proyectos de extracción. 4 [ Links ], Schilling-Vacaflor, Almut. Lima: CAAAP y CooperAcción. Aprobar el Estudio de Pacto Ambiental. Como vimos en el caso de Santa Ana, las comunidades “externas,” que no son invitadas a la audiencia de EIA, pueden movilizarse en reacción a esa exclusión. Los datos sobre los casos seleccionados se recopilaron durante el trabajo de campo que la autora realizó en Lima en 2012, 2017 y 2018. A fines de abril, una huelga de cuarentaiocho horas contra el gobierno regional y la mina paralizó el sur de Puno (Cavero 2014: 70–71; Defensoría del Pueblo Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad 2016: 4). En una consulta popular informal en Piura en 2007, el noventa y ocho por ciento de los votos, en tres distritos, fue en contra de la minería (De Echave et al. [ Links ], Carcelén Pacheco, Jerónimo, y Valentina Mir Bennett. 1999. [ Links ], Griffiths, Tom. Los empresarios luego invitaron a los jefes de COMARU y CECONAMA a una reunión en su sede local, donde los persuadieron para que apoyaran la audiencia del EIA. La evaluación del impacto social (SIA) forma parte de la evaluación de impacto ambiental (EIA). Las vías dependen, en primer lugar, de la etapa del proyecto en la que se produce el conflicto: antes del EIA o durante el EIA. Hacia un entendimiento de la conflictividad social: Las protestas contra la minería en Puno. “Hasta el 9 de mayo se recibirán aportes al EIA del proyecto minero de Quellaveco.” Recuperado el 27 de junio de 2013 de http://www.andina.com.pe/ingles/Noticia.aspx?id=Kah5223XWD0=Andina. El Protocolo de Montreal [1] es un protocolo del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con ella y se cree que son responsables del agotamiento de la misma. Algunos activistas internos enfrentaron una fuerte competencia por parte de miembros de su comunidad o de otra comunidad interna que apoyaban el desarrollo del proyecto extractivo. 2012. “Consultation, Compensation and Extraction in Bolivia after the ‘Left Turn’: The Case of Oil Exploration in the North of La Paz Department.” Journal of Latin American Geography 11(2): 103-120. Las emisiones de la aviación, comercial y militar, contribuyen notablemente al aumento del efecto invernadero. La audiencia pública del EIA, una reunión informativa sobre el proyecto que se planea desarrollar, se instituyó en 1996 en los sectores de energía y minería (Solano 1999: 40). [1] El medio ambiente puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo.El contaminante puede ser una sustancia química o energía (como sonido, calor, luz o radiactividad). Si bien en algunas comunidades afectadas, la sociedad civil se encontraba organizada y participó activamente en las audiencias, en otros casos las comunidades se organizaron “alrededor de” o “en reacción a” las audiencias, utilizando esta institución como punto focal para escalar el conflicto. Recuperado el 26 de abril de 2021 de http://www.servindi.org/actualidad-noticias/06/06/2017/admiten-demanda-contra-incumpli-miento-del-estado-del-primer-proceso. Este favoritismo fue evidente en los proyectos sociales coordinados por Proinversión, la agencia estatal que promovía la inversión privada en importantes proyectos gubernamentales. Otros estudios analizan la movilización en torno o en reacción a las oportunidades de participación existentes. Indigenous Social Movements and International NGOs in the Peruvian Amazon. La consulta previa en Colombia. 2010. “How to be Heard When Nobody Wants to Listen: Community Action against Mining in Argentina.” Canadian Journal of Development Studies 30(1–2): 281-301. El evento se desarrolló sin mayores contratiempos e implicó un intercambio abierto de ideas. En un contexto de partidos políticos débilmente institucionalizados, que no canalizan las preferencias de los votantes, las comunidades salieron a las calles para expresar abiertamente sus demandas (Arce 2014). Como contexto, los campos de Camisea en la región de Cusco abarcan un área que incluye la cuenca del Bajo Urubamba y que está poblada por comunidades indígenas, principalmente de la nación Machiguenga (Ross 2008: 203–204). Al enfrentar nuevos proyectos extractivos, algunas comunidades afectadas se movilizaron para impedirlos, mientras que otras exigieron ser compensadas por el impacto adverso de estos proyectos, obteniendo de este modo una proporción de las rentas provenientes de la extracción (De Echave et al. 2017. “Claiming Prior Consultation, Monitoring Environmental Impact: Counterwork by the Use of Formal Instruments of Participatory Governance in Ecuador’s Emerging Mining Sector.” Third World Quarterly 38(5): 1092-1109. Segunda y Cajas y Yanta revocaron los supuestos permisos de 2002 en asambleas celebradas en mayo de 2003 y principios de enero de 2004, respectivamente (A. Bebbington et al. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 87–mayo 2011. Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú. Esa división, causada por la mina, comenzó durante la titulación para el proyecto cuando el titular prestó atención especialmente a las comunidades en el área de influencia directa. En estos casos, las comunidades—con sus distintos pedidos—se quedan con una única opción: la de participar activamente en la audiencia pública a fin de ser escuchadas. Cuando se considera a los aliados de las comunidades afectadas, el estado entra en escena: Kathryn Hochstetler identifica el papel del Ministerio Público brasileño en las “coaliciones de bloqueo” de proyectos energéticos, un rol que incluye asegurar la implementación correcta de los procedimientos de las audiencias públicas del EIA (Hochstetler 2011: 355, 357). La empresa carecía de la aprobación previa necesaria de las asambleas generales de las comunidades (Defensoría del Pueblo 2006: 4–5, 7–9; véase también A. Bebbington et al. 2012. “Social conflict and Emergent Institutions: Hypotheses from Piura, Peru.” En Social Conflict, Economic Development and Extractive Industry: Evidence from South America, editado por Anthony Bebbington. A principios de 2009, el fideicomiso se convirtió en el Fondo Social Las Bambas (FOSBAM), y formó parte de un cambio legal nacional orientado a poner fin al control del gobierno central sobre la inversión social de las empresas privadas en los sectores extractivos. A fines de febrero de 2011, aproximadamente 1.000 simpatizantes de Santa Ana asistieron a la audiencia de EIA, que se desarrolló sin incidentes. 1.2. Los talleres del EIA se llevaron a cabo durante 2009 y 2010. 2013. “Concesiones, participación y conflicto en Puno. La contaminación ambiental o polución es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio ambiente, que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. Desde el año pasado el uso de plásticos se ha disparado de manera asombrosa, no solo miles de millones de mascarillas, pero también guantes, desechos médicos y empaques de comida para llevar. Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene a partir de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales para la moderación de la extracción de minería de fluidos gases y fósil. Dos activistas murieron en los enfrentamientos que tuvieron lugar en el campamento, y treinta y dos personas fueron detenidas en los dos días siguientes. [ Links ], Inforegión. Sin embargo, la agenda de diálogo omitió el eje principal de la agenda del FDSFNP: los permisos de tierras y la ilegitimidad de la presencia minera. El daño físico y psicológico infringido a los detenidos atrajo la atención internacional, involucrando a ONGs europeas que luego ayudarían a presentar una demanda en contra de Monterrico Metals ante el Tribunal Superior de Inglaterra (A. Bebbington 2012: 75–76; Gustafsson 2018: 94). Palgrave MacMillan. 2012. En este período las comunidades excluidas de los talleres y la audiencia pública del EIA se movilizaron, criticaron su exclusión, y se reunieron para discutir el proyecto de mina por fuera de la estructura participativa formal. [ Links ], Bebbington, Anthony. [ Links ], Pellegrini, Lorenzo, y Murat Arsel. [ Links ], Estrada, Edy. 2011, 17 de marzo. : la madera. “Caso Ichigkat Muja: Admiten demanda por incumplimiento estatal.” Servindi. En particular, las autoras mantienen que las consultas deben ser lideradas por una dependencia estatal imparcial,4 realizarse antes de que se diseñe un proyecto en detalle (Schilling-Vacaflor 2013: 209), ser planificadas con la participación de las comunidades,5 incluir a los líderes indígenas regionales o nacionales (Schilling-Vacaflor y Flemmer 2015: 834) y producir acuerdos vinculantes (Schilling-Vacaflor y Flemmer 2015: 835–36). Como evidencia de su derecho al uso de la tierra, la empresa presentó acuerdos que había hecho en 2002 con líderes de las dos comunidades, dejando de lado ambas asambleas generales (Defensoría del Pueblo 2006: 7–9; A. Bebbington et al. Esto ocurrió en el conflicto Las Bambas [1] (véase abajo) y, luego de que los activistas fracasaron en impedir la audiencia, en el caso Quellaveco.14. Ordenaba represión policial y realizaba mesas de diálogo ad hoc a fin de buscar soluciones: funcionarios gubernamentales de alto nivel, a menudo ministros, viajaban a zonas extractivas para reunirse con líderes de la sociedad civil. A pesar de la decisión de MINEM, el movimiento seguía sosteniendo que la empresa violaba la ley al operar en tierras de las comunidades. 2007: 21–23). De acuerdo con dicho cambio, las áreas directamente afectadas recibirían el 85 por ciento de la inversión de FOSBAM (CooperAcción 2015: 15; Gustafsson 2018: 151–53). [1] Entre las energías renovables se encuentran la energía eólica, la … (2010). 2008. 3 La definición más general de cambio climático es un cambio en las propiedades estadísticas (principalmente su promedio y dispersión) del sistema climático considerado durante periodos largos de tiempo, independiente de la causa. Ese empleo de la audiencia se ve en el caso Camisea. Este artículo examina cómo las comunidades locales movilizadas contra la extracción utilizan la audiencia pública que es parte de la evaluación de impacto ambiental (EIA). El proyecto minero pertenecía a Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú de Bear Creek Mining Company de Canadá. Las comunidades que se opusieron a las actividades mineras de Afrodita usaron la vía judicial para defender las dimensiones originales de un parque nacional que cubre el territorio en que se ubicaron las concesiones mineras (Ruiz Molleda 2017). Los enfoques de los actores internos variaron dependiendo de un tercer y último factor: la competencia con los grupos a favor de la extracción. [ Links ], CooperAcción. Actualizada al RCS No. Además, la audiencia pública para el EIA está institucionalizada en el país. La inversión en los hidrocarburos y la minería—que históricamente han sido sectores críticos de la economía peruana—aumentó en los años noventa y luego se disparó en la década de 2000 hasta la de 2010 (A. Bebbington 2010: 100; A. Bebbington et al. El acuerdo fue negociado en 1987 y entró en … Santiago: Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, Universidad Diego Portales. San Francisco: Amazon Watch. Al mismo tiempo, la expansión de la minería y los hidrocarburos generó preocupación en las comunidades locales por el impacto ambiental, cultural y social de la exploración y por la distribución de las ganancias producidas por la extracción. La exclusión contribuyó a ampliar la movilización social, que culminó en el Aymarazo. Informe Final (abril). Austin: University of Texas Press. 2007: 23). 2009; Arellano Yanguas 2011; Arce 2014; Ponce y McClintock 2014; Gustafsson 2018). [ Links ], Earle, Lucy, y Brian Pratt. En 2006 y 2007, se otorgaron las concesiones mineras a Villavicencio (Quiñones 2013: 41–42). Si no se toman medidas, más del 70% de este plástico terminará tirado en océanos y vertederos, … [ Links ], Hochstetler, Kathryn. Conflicto y estrategia social en la minería y los hidrocarburos peruanos: Los usos variados de la participación en la evaluación de impacto ambiental*, Conflict and Social Strategy in Peruvian Mining and Hydrocarbons: The Varied Uses of Participation in Environmental Impact Assessment, Maiah Jaskoski es profesora asociada de Northern Arizona University. 7Véase por ejemplo Pellegrini y Ribera Arismendi (2012) y Eisenstadt y West (2019: capítulo 3) con respecto a la consulta previa en Bolivia y Ecuador, respectivamente. Es así que, en los dos primeros años de su (segunda) presidencia, el presidente Alan García (2006–2011) emitió casi cien decretos para alentar la inversión privada, incluso en la explotación de recursos naturales (Schilling-Vacaflor y Flemmer 2015: 819). El MINEM y los funcionarios de las empresas de Camisea llegaron a Shivankoreni el 8 de mayo. Léelo antes en infobae. El análisis explica la variación en las tácticas comunitarias frente al EIA subrayando la importancia de: (1) la fase del proyecto de extracción en la que se desarrolló el conflicto, (2) la definición—o no—de la comunidad como suficientemente afectada por parte del EIA, mereciendo, por lo tanto, su inclusión en la audiencia, y (3) el grado de cohesión de las comunidades incluidas. Además, importa si la comunidad movilizada en el conflicto está incluida o no en el proceso participativo del EIA, que depende, a su vez, de su localización geográfica respecto del proyecto; y si la comunidad está unida o fragmentada. En los casos estudiados, las elecciones de las comunidades dependieron en parte de una segunda variable: su relación inicial con la extracción. Este análisis de los principales conflictos extractivos en Perú identifica y explica la variación respecto de cómo las comunidades locales organizadas han utilizado la audiencia del EIA en dichos conflictos. El caso de la mina de plata a tajo abierto Santa Ana, en la región de Puno, ilustra la dinámica por la cual las comunidades movilizadas impugnan su exclusión de la audiencia pública del EIA. 1En Colombia se usa el sistema de justicia para resolver conflictos tanto en el sector hidrocarburífero como en la minería (Jaskoski 2020). Holding the IDB and IFC to Account on Camisea II: A Review of Applicable International Standards, Due Diligence and Compliance Issues. Las comunidades apoyaron la creación de una reserva municipal protegida en el sitio de proyecto Quilish (Arce 2014: 92–93). Las actividades exploratorias alertaron a las comunidades de Chucuito de la existencia del proyecto y generaron preocupación en la provincia sobre los impactos ambientales de la mina (Quiñones 2013: 60). 11Resolución Ministerial N° 596-2002-EM/DM, “Aprueba el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas”; y entrevista con la autora, Manuel Glave Testino, Investigador Principal de GRADE, por Skype, 10 de agosto de 2018. El proceso de extracción de los combustibles fósiles resulta perjudicial para el medio ambiente. 27o Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Las tendencias del turismo sustentable o sostenible pueden resumirse en los siguientes temas: preferencia por viajes con el menor impacto ambiental, elegir los destinos sobre la base de sus atractivos naturales promoviendo su conservación, preferencia por hoteles que cuenten con certificaciones ambientales, interés sobresaliente en la cultura y la sociedad del lugar que se … Actualizada al RCS No. Todas las comunidades del área de influencia de Las Bambas asistieron a la audiencia del EIA de julio de 2010, en la que participaron aproximadamente 4.500 personas. 2017; Riofrancos 2017); Guatemala (Elías y Sánchez 2014); y Perú (Schilling-Vacaflor y Flemmer 2015; Sanborn et al. Los representantes de la comunidad abandonaron la mesa después de unas pocas reuniones, quejándose de la presencia limitada de representantes de la comunidad, la exclusión de las rondas campesinas, y la falta de oportunidades para discutir los impactos ambientales y el tema de la (i)legalidad de los permisos de tierras (A. Bebbington 2012: 75; Gustafsson 2018: 92–93). [ Links ], Moreno Hermoza, Gustavo. Esta decisión tiene sentido si consideramos que el propósito de la audiencia en los dos sectores es el mismo: informar a las comunidades sobre el proyecto de uso del subsuelo, que pertenece al estado central. Esta estrategia comenzó con el presidente Alberto Fujimori (1990–2000) (Bury y Norris 2013: 99–100) y continuó en los gobiernos posteriores. Las comunidades, con COMARU a la cabeza, impidieron que se llevara a cabo la audiencia de enero mediante un boicot acompañado de fuertes protestas frente al sitio de reunión. La investigación no examina los casos negativos, ya que no busca explicar el conflicto en sí, sino la variación en el papel que juega la audiencia pública en el conflicto. Participación ciudadana en ... Resolución No. 2011. “Ethnicity.gov: Global Governance, Indigenous Peoples, and the Right to Prior Consultation in Social Minefields.” Indiana Journal of Global Legal Studies 18(1): 263-305. Un decreto ejecutivo de enero de 2006 redujo la extensión de la reserva, dejando a Santa Ana fuera de ella. Sin embargo, un factor común en los tres conflictos analizados fue el cuestionamiento al derecho al uso de la tierra. 12. 012. Las presiones de las compañías finalmente dividieron a los Machiguenga y aseguraron que la audiencia se llevase a cabo. El FDRNZS dirigió sus propias reuniones que fueron críticas respecto de la mina (Pinto Herrera 2013: 211–12; Quiñones 2013: 52–57). [ Links ], Ross, Catherine. En su conjunto, la investigación sobre la participación ciudadana y el conflicto social en las industrias extractivas identifica diferentes formas en que los grupos se movilizan en el seno y en torno de ellas. En otros conflictos, por el contrario, los actores internos no están de acuerdo sobre la extracción. Después de los acontecimientos de 2008, el proceso de revisión del EIA intensificó las divisiones entre las comunidades afectadas directa e indirectamente por el proyecto y fue fundamental para desencadenar el Aymarazo (Pinto Herrera 2013: 213; Quiñones 2013: 61–62, 64–65). Este conflicto empezó a crecer de manera notable en la segunda mitad de 2011, más de un año después de la aprobación del EIA del proyecto de expansión Antapaccay de la mina Tintaya. El impacto ambiental, [1] también conocido como impacto antrópico o impacto antropogénico, es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente. Varios líderes locales desconocían el proceso de transferencia de títulos y lo resintieron. A continuación un detalle del Marco Normativo Ambiental vigente en Ecuador, que considerando los convenios, acuerdos internacionales y la nueva Constitución del 2008 donde se reconocen los derechos de la naturaleza y a aún cuando se establecen los derechos del buen vivir de los seres humanos este se acompaña de equilibrio y sostenibilidad ambiental. 2016: 9, 21–22, 34–35). El primero sobre un proyecto de exploración de hidrocarburos en el Golfo de Valencia, España; y el segundo sobre un proyecto minero en el departamento de Cajamarca, Perú. Suprime la licencia ambiental ordinaria: Ley 388 de 1997 ... Protocolo de cooperación para combatir derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe. Las comunidades que se encontraban fuera del área de influencia directa de la mina cuestionaron su exclusión y participaron en reuniones informales ante la falta de acceso a las formales. [ Links ], Bebbington, Denise Humphreys. Varios grupos se sumaron a la movilización para frenar otros proyectos de gran escala en el sur de Puno, exigir una ley de consulta previa, o con el fin de oponerse a la minería informal por sus impactos ambientales adversos (Pinto Herrera 2013: 210, 215–17; Quiñones 2013: 17). La literatura tampoco explora la variación en la movilización por fuera de los espacios participativos existentes.2, Es posible que incluso la oportunidad de participar fomente la movilización en las instancias participativas. Minería y desarrollo, Tomo IV. Schilling-Vacaflor (2013: 215); y Schilling-Vacaflor y Flemmer (2015: 832). 2019. Who Speaks for Nature? El Protocolo de Montreal [1] es un protocolo del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con ella y se cree que son responsables del agotamiento de la misma. La movilización social en este caso surgió en las comunidades del área de influencia de la mina que, como en el caso Camisea, fueron incluidas en la etapa participativa del EIA. Las divisiones en el área de influencia de Las Bambas en gran parte emergieron como consecuencia de los recursos excepcionales otorgados a una sola comunidad, Fuerabamba, que era la única comunidad cuyo reasentamiento estaba programado. Este artículo ayuda a explicar la variación en los usos estratégicos de la audiencia del EIA por parte de las comunidades locales. “Consorcio Camisea inició producción de hidrocarburos de Lote 56 con inversión de US$ 872 millones (ampliación).” Andina. [ Links ], Falleti, Tulia G., y Thea N. Riofrancos. 3. 13. La nueva producción minera y de hidrocarburos en América Latina es de gran importancia para las empresas, el estado, y las comunidades locales en las regiones en que se produce la extracción. Usos locales de la audiencia pública de EIA en los conflictos peruanos en torno a nuevas extraccionesÂ, Observatorio de conflictos mineros en Perú 2020, Defensoría del Pueblo Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad 2016, Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad 2017, http://www.andina.com.pe/ingles/Noticia.aspx?id=Kah5223XWD0=Andina, https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106311, http://peru21.pe/politica/proyecto-minero-bambas-dos-caras-conflicto-fotos-2232126, http://www.baguaperu.com/2013/04/pronunciamiento-de-orpianp-sobre.html, http://www.noticiasser.pe/23/03/2011/puno/tension-en-huacullani-por-proyecto-minero-santa-ana, http://www.inforegion.pe/92523/petrolera-maurel-presenta-estudio-de-impacto-ambiental-pa-ra-exploracion-de-pozos-en-amazonas/, http://www.servindi.org/actualidad-noticias/06/06/2017/admiten-demanda-contra-incumpli-miento-del-estado-del-primer-proceso, https://andina.pe/agencia/noticia-consorcio-camisea-ini-cio-produccion-hidrocarburos-lote-56-inversion-872-millones-ampliacion-198553.aspx, http://larepublica.pe/politica/763490-santa-ana-la-deci-sion-del-mes. El conflicto llegó a su nivel más intenso entre 2003 y 2007, antes de la etapa de la audiencia pública del EIA. 2009. Estas comunidades bloquearon la extracción al centrar la discusión en la situación legal del predio donde se desarrollaba el proyecto minero. Por ejemplo, los reclamos vinculados a recursos naturales causaron el 41,7 por ciento de todos los conflictos seguidos por la Defensoría del Pueblo entre 2006 y 2011 (Defensoría del Pueblo Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad 2012: 38). 2010: 309–311; CooperAcción 2018: 5). El 29 de julio de 1958, Eisenhower firmó la Ley Nacional del Espacio y la Aeronáutica, que creaba la NASA.Cuando esta comenzó sus operaciones el 1 de octubre de ese mismo año, absorbió por completo a la NACA: sus 8000 empleados, un presupuesto anual de 100 millones de dólares, tres importantes laboratorios (Langley Research Center, Ames Research Center y Glenn Research … Defendiendo derechos y promoviendo cambios: El estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú. Para ello, examina trece conflictos mineros y de hidrocarburos de gran relevancia en Perú desde principios de la década de 2000. Las comunidades que no tuvieron tal división, retrasaron los proyectos negándose a participar en la audiencia pública (Camisea, Lote 56; véase abajo), planificando protestas en las fechas de las audiencias para fomentar boicots (Tambo Grande; véase Arce 2014: 74), o protestando durante la audiencia para detenerla (Tía María; véase Jaskoski 2014: 875–76, y Pinto Herrera 2016: 203, 209). 2010. “That Which Doesn’t Break Us: Identity Work by Local Indigenous ‘Stakeholders.’” Journal of Business Ethics 96 (octubre): 479-495. Occasional Papers Series. Informe Especial. Los procesos de diseño también han influido sobre la calidad de la consulta previa: la participación indígena en la redacción de leyes y reglamentos de consulta previa ha inyectado legitimidad a la institución, lo que a su vez ha generado una mayor participación por parte de las comunidades en las consultas.6, Otra parte de la literatura considera poco probable que las comunidades tengan vos en estas instituciones participativas. 143–enero 2016. Estudio sobre la actuación de las empresas petroleras Perenco en el Lote 67 y Maurel Et Prom-Pacific Rubiales Energy en el Lote 116: Impactos socio-ambientales y afectación de derechos de los pueblos indígenas Awajun y Wampis en Amazonas y Kechwa y Arabela en Loreto. Devlin y Yap (2008) analiza el bloqueo de proyectos de gran escala en Brasil, Sudáfrica, Filipinas y Taiwán; Schilling-Vacaflor (2013) trata de la consulta previa boliviana; y Schilling-Vacaflor y Flemmer (2015) examina la consulta previa en Perú. Sin embargo, no cuestionaron su posición externa ni su exclusión de las audiencias públicas, las cuales no fueron relevantes en el conflicto. objetivo de hallar y extraer fluido combustible, ya sea petróleo o hidrocarburos gaseosos. Los proyectos que hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental, cuya amplitud y nivel de detalle se determinará previamente por el órgano ambiental. 2013. “Prior Consultations in Plurinational Bolivia: Democracy, Rights and Real Life Experiences.” Latin American and Caribbean Ethnic Studies 8(2): 202-220. Ahí donde el activismo se desarrolló en ese momento temprano en la muestra de casos, las comunidades buscaron evitar el desarrollo minero y utilizaron varias tácticas. Lima: Oxfam Internacional, Instituto de Estudios Peruanos, Centro de Investigación y Promoción del Campesino, Peru Support Group. 2007. [ Links ], Devlin, John F., y Nonita T. Yap. 2015. Si el conflicto ocurre en la etapa de la audiencia del EIA, las comunidades tienen distintas opciones sobre cómo utilizar la audiencia pública en sus esfuerzos de movilización. La movilización se expandió no solo geográficamente, sino que también abarcó más temas. New York: Oxford University Press. Al contrario, estos estudios consideran que las instituciones de participación sirven para expedir la extracción.7, Sin embargo, algunos académicos que adoptan esta posición pesimista ven que, de forma menos directa, las instituciones sí pueden provocar la movilización. El primero consiste en la etapa del proyecto extractivo en que sucede el conflicto. Desde esta perspectiva, las comunidades no adquieren poder por medio de la participación. Esta es la conclusión, por ejemplo, del análisis interregional de conflictos en proyectos de oleoductos de hidrocarburos de McAdam et al. [ Links ], McAdam, Doug, Hilary Schaffer Boudet, Jennifer Davis, Ryan J. Orr, W. Richard Scott, y Raymond E. Levitt. 2008. “Contentious Politics in Environmental Assessment: Blocked Projects and Winning Coalitions.” Impact Assessment and Project Appraisal 26(1): 17-27. 2012. “Consultation, Compensation and Conflict: Natural Gas Extraction in Weenhayek Territory, Bolivia.” Journal of Latin American Geography 11(2): 49-71. Esfuerzo preventivo para bloquear la extracción: Río Blanco y los permisos de tierras. 2007: 23). La figura 1 resume el argumento. El conflicto socio-ambiental se destacó como particularmente relevante y frecuente en Perú en relación con otros tipos de conflictos sociales. Las comunidades afectadas por las industrias extractivas cuentan con diferentes canales para expresar sus preocupaciones sobre nuevos proyectos extractivos. El conflicto alcanzó su punto máximo después de la audiencia pública, cuando activistas de estas comunidades se unieron a otros grupos en el “Aymarazo.” Esa movilización afectó el sur de Puno, poblado por la nación indígena aymara, así como la parte norte de la región, principalmente quechua (Quiñones 2013: 18, 22). 2018. “Oil and Conflict in the Ecuadorian Amazon: An Exploration of Motives and Objectives.” European Review of Latin American and Caribbean Studies 106(julio–diciembre): 209-218. Durham: Duke University Press. Dicho estudio contendrá, al menos, los siguientes datos: 2016. En 2007, el Consejo de Ministros le dio a Villavicencio un permiso especial para obtener las concesiones. [ Links ], Paredes, Maritza, y Lorena de la Puente. Para la etapa participativa del EIA, las comunidades del área de influencia directa se encontraban muy desarticuladas debido a las negociaciones mantenidas de forma individual entre Xstrata y las comunidades (Gustafsson 2018: 178–89, 181). El análisis explica la variación en las tácticas comunitarias frente al EIA subrayando la importancia de: (1) la fase del proyecto de extracción en la que se desarrolló el conflicto, (2) la definición—o no—de la comunidad como suficientemente afectada por parte del EIA, mereciendo, por lo tanto, su inclusión en la audiencia, y (3) el grado de cohesión de las comunidades incluidas. El reglamento de diciembre de 2002 trasladó la ubicación de la audiencia de Lima a la zona de extracción para incluir a las comunidades impactadas. Requieren de Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto que comprendan obras, construcciones y actividades extractivas, productivas, comerciales, de servicios, entre otros, susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos, que esten relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en … [ Links ], Suárez, Cándice. “Tensión en Huacullani por proyecto minero Santa Ana.” Noticias SER. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Oxfam América, 199-268. 2020. Resource Extraction and Protest in Peru. [ Links ], Riofrancos, Thea N. 2017. “Scaling Democracy: Participation and Resource Extraction in Latin America.” Perspectives on Politics 15(3): 678-696. Resulta importante incluir en la muestra los conflictos emblemáticos que ocurrieron antes de las audiencias para tomar en cuenta la movilización preventiva, es decir, aquella que busca impedir el inicio de un proyecto. 12Un caso que fue excluido del estudio solo después de investigarlo es el conflicto minero Tintaya/Antapaccay. En el caso del Lote 116, las comunidades que se opusieron a un proyecto hidrocarburífero fueron excluidas de la audiencia pública. 2018. “Sección económica.” Actualidad minera del Perú 228 (junio): 4-7. 2010. “Federating and Defending: Water, Territory and Extraction in the Andes.” En Out of the Mainstream: Water Rights, Politics and Identity, editado por Rutgerd Boelens, David Getches, y Armando Guevara-Gil. El conflicto se hizo más intenso el 24 de junio de 2011, cuando personal policial y soldados del ejército dispararon contra los manifestantes que intentaban tomar control del aeropuerto regional, matando a seis activistas (Pinto Herrera 2013: 214–17; Defensoría del Pueblo Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad 2016: 5). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. Recuperado el 8 de marzo de 2018 de http://larepublica.pe/politica/763490-santa-ana-la-deci-sion-del-mes. El MINEM aprobó el EA a fines de noviembre de 2003 (De Echave et al 2009: 51). El MINEM aprobó el EIA en marzo de 2011 (Moreno Hermoza 2014: 139; CooperAcción 2015: 6). Palabras clave: evaluación de impacto ambiental; instituciones participativas; Perú; conflicto por recursos, This article examines how local communities mobilized against extraction use the public hearing that is part of environmental impact assessment. La primera variable es la etapa en que se encuentra el proyecto propuesto al momento que se desata el conflicto. Schilling-Vacaflor y Flemmer (2015) examina el caso negativo de la consulta previa peruana. [ Links ], Del Río, Maria Luisa. El líder de COMARU advirtió a los líderes de Shivankoreni que la compensación por el proyecto podría depender de la cooperación y, de esa manera, los convenció para que permitieran la audiencia. Esta autorización fue necesaria debido a la existencia de restricciones constitucionales a las inversiones mineras extranjeras en zonas fronterizas (Decreto Supremo N° 083-2007-EM, citado por Quiñones 2013; 42–43). Su aumento ha sido tal que los sistemas de reciclaje han colapsado en algunos países. Esta incluyó al Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), una organización regional que ahora lideraba la oposición a Río Blanco (Gustafsson 2018: 104–107). Otra gran protesta en el conflicto de Las Bambas fue una huelga de dos días en mayo de 2011. [ Links ], Bury, Jeffrey, y Timothy Norris. Además, las comunidades a menudo emplean tácticas parecidas en conflictos extractivos en la minería y los hidrocarburos.1 La elección analítica también posibilita el desarrollo de un marco causal general que se aplique a los dos sectores. Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) ESTUDIO TÉCNICO INDEPENDIENTE (ETI) Estudio Técnico Independiente Lote EX 1 - AB; ... Transición Energética y Responsabilidades Ambientales en el Marco de la Terminación de Actividades de Hidrocarburos. (Esta medida fue simbólica ya que el gobierno central era responsable de la emisión de concesiones mineras; Hualpa 2011; Cavero 2014: 26–27). La primera movilización consistió en una marcha de tres días hasta el campamento de la empresa en abril de 2004. Se ven las protestas en la minería, como se describe en casos de esta investigación, y también en los hidrocarburos: en el conflicto sobre el Lote 56 de Camisea, 2.500 Machiguenga participaron en una huelga en reacción a roturas de tubería entre agosto y noviembre de 2005, después de los eventos descritos abajo (Ross 2008: 251–52). El trabajo de perforación opera las 24 horas del día, lo que interrumpe el orden del hábitat casi por completo. Sin embargo, vale la pena señalar que hay diferencias estructurales importantes entre la minería y los hidrocarburos y que, en algunos casos, estas diferencias pueden requerir de un tratamiento separado de cada sector para entender mejor el conflicto extractivo. 2015. [ Links ], Sanborn, Cynthia A., Verónica Hurtado, y Tania Ramírez.
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